LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD REFLEJADOS EN UNA AGENDA LEGISLATIVA

El objetivo principal de una Agenda Legislativa, es sumar esfuerzos en el Congreso de la Unión con la finalidad de construir una Política de Estado en la materia, que comprometa al Ejecutivo Federal, las Instituciones Públicas, los Estados y los Municipios, a emprender un ambicioso Programa Nacional que genere las políticas públicas, homogéneas en sus principios y acordes con la realidad de cada región y ciudad del país.

 

 El Gobierno Mexicano debe reconocer la necesidad de emprender acciones urgentes que abatan los graves problemas de discriminación y económicos que vive un sector mayoritario de la población nacional, que enfrentan una discapacidad, y el creciente rezago de atención a su salud, educación, empleo, capacitación, o deporte, entre otras necesidades.

 

La construcción ordenada de políticas públicas de carácter social, se presenta como un asunto de prioridad nacional, ante el fracaso, inequidad y creciente reclamo social, que generan los actuales programas de gobierno, y el evidente abordaje de personas con discapacidad orilladas a la mendicidad y la caridad de la sociedad en decenas de calles y ciudades del país.

 

Programas sociales establecidos a nivel federal, estatal o municipal, más que responder a la profunda desigualdad económica que viven diversos sectores sociales de la población y disposiciones vigentes en Leyes y Reglamentos, han adoptado como sustento razones políticas de quienes gobiernan, como el populismo, protagonismo, o clientelismo, y efectos calculados que les retribuyan ganancias electorales, lo que constituye en el país, una práctica irresponsable en el ejercicio de gobierno que debe erradicarse mediante el control y supervisión de la Ley.

 

A la fecha, no existe en ningún nivel de gobierno, reporte alguno de ¿cómo? y ¿en que? se aplican los recursos presupuestales, y peor aún, no existen parámetros mediante los cuales el gobierno en su conjunto estime ¿cuál? debe ser el gasto social requerido. Para algunos, la solución se remite al simple subsidio gubernamental; para otros gobernantes, la solución estriba en promover paliativos, evadiendo la necesidad de destinar mayores recursos a las instituciones y los programas existentes.

 

No obstante el amplio acervo de conocimientos manifestado por la amplia experiencia de las organizaciones sociales de México, los esfuerzos por establecer disposiciones legales en cada una de las Leyes Estatales para personas con discapacidad, las normas oficiales existentes, y las amplias reformas de carácter federal ocurridas a 38 Leyes, la población con discapacidad no encuentra en hechos concretos el respeto a las normas legales de protección a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y no percibe el mejoramiento de los servicios públicos de atención a la salud y la educación, o el incremento de oportunidades de empleo.

 

El reto de los diversos sectores sociales vinculados con la causa de las personas con discapacidad, es llevar a la más alta tribuna de la Nación, el Congreso de la Unión, las aspiraciones de la población con discapacidad, expresadas en propuestas e iniciativas legislativas, con la finalidad de promover el diálogo y debate necesarios para establecer las normas legales que superen la incapacidad gubernamental e los infructuosos intentos, por lograr que México cuente con una Política de Estado fincada en una Institución responsable de dictar políticas, programas y acciones, congruentes con la realidad económica y social de cada región del país.

Contar con un México incluyente, es responsabilidad de todos.